--- canonical_url: "https://tresdigital.com.ar/contenido/11798/hasta-cuando-se-puede-ajustar-a-la-universidad-publica" title: "¿Hasta cuándo se puede ajustar a la universidad pública?" article_type: "Article" description: "COLUMNA DE OPINIÓN" main_image: "https://tresdigital.com.ar/download/multimedia.grande.9209757922799701.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-05-13T10:05:00-03:00" date_modified: "2026-05-13T12:18:37-03:00" author_name: "Diario Tres" author_url: "https://tresdigital.com.ar/usuario/2/diario-tres" author_bio: "Información y fotos de Santa Rosa y Valle de Calamuchita" author_social_links: - "https://www.facebook.com/RevistaTR3S/?ref=settings" --- # ¿Hasta cuándo se puede ajustar a la universidad pública? ![FRANCO S](/download/multimedia.normal.9b91795c43ffb034.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La universidad pública no se vacía de un día para el otro. Se la desfinancia lentamente, se la desgasta, se la obliga a discutir cómo pagar la luz, cómo sostener becas, cómo mantener abiertas las aulas y laboratorios. Y mientras eso ocurre, desde el poder político se intenta instalar que el problema no es el ajuste, sino quienes se animan a denunciarlo. La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a dejar una postal contundente en las calles de Córdoba y de todo el país. Miles de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron para reclamar algo que, en cualquier democracia saludable, debería resultar elemental: que el Gobierno cumpla una ley aprobada por el Congreso y garantice el financiamiento del sistema universitario público. Sin embargo, lejos de acercar soluciones, la administración nacional eligió responder con otro recorte. Apenas un día antes de la movilización, el Gobierno avanzó con una reducción presupuestaria bajo el argumento de “blindar el superávit fiscal”, profundizando el ajuste sobre áreas sensibles del Estado. Educación, Salud, Ciencia y Cultura volvieron a quedar en el centro de la motosierra. El mensaje político fue evidente. Incluso con una ley sancionada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y respaldada por fallos judiciales, el financiamiento universitario continuó sin aplicarse. Nueve meses después de su aprobación, la Ley 27.795 siguió siendo ignorada mientras el Ejecutivo apeló resoluciones judiciales y promovió modificaciones para evitar cumplirla. Y en medio de ese escenario, comenzó a instalarse una sensación cada vez más fuerte en amplios sectores de la sociedad: que el presidente Javier Milei no solamente considera a la educación pública un gasto a reducir, sino que pareciera sentir un profundo desprecio por todo lo que representa. Resulta difícil encontrar otra explicación cuando el ajuste golpea de manera sistemática a universidades, organismos científicos, investigadores y estudiantes, incluso en medio de reclamos masivos y advertencias sobre el deterioro del sistema. En Córdoba, el impacto volvió a sentirse con fuerza. La Universidad Nacional de Río Cuarto perdió más de 680 millones de pesos; la Universidad Nacional de Córdoba sufrió otro ajuste y Villa María también quedó alcanzada por el recorte. Pero detrás de esos números hubo algo más profundo: menos investigación, menos infraestructura, menos oportunidades para miles de jóvenes que encuentran en la universidad pública la única posibilidad concreta de movilidad social. La discusión nunca fue solamente económica. También fue ideológica. Porque cuando se recorta en ciencia, educación y cultura, lo que entra en disputa no es únicamente una planilla de Excel, sino el modelo de país que se pretende construir. El Gobierno insistió en que aplicar la ley pondría en riesgo el “déficit cero”. Sin embargo, volvió a quedar expuesto que el equilibrio fiscal parece sostenerse siempre sobre las mismas espaldas: docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores estatales. La austeridad selectiva termina revelando prioridades. Y en esa escala de prioridades, la universidad pública ocupó un lugar cada vez más incómodo para la administración nacional. Los datos explicaron buena parte del malestar que se expresó en las calles. Las universidades denunciaron una caída real de más del 45% en los fondos desde 2023. Los salarios docentes y no docentes perdieron más de un 34% de poder adquisitivo y, en muchos casos, quedaron por debajo de la línea de pobreza. Las becas continuaron congeladas mientras la inflación siguió erosionando las posibilidades de permanencia estudiantil. Por eso, la marcha de este 12 de mayo terminó siendo mucho más que una protesta sectorial. Fue una advertencia social. Porque cada vez que la universidad pública fue atacada en la Argentina, la sociedad terminó entendiendo que lo que estaba en juego era mucho más que el presupuesto educativo.![el precio](/download/multimedia.normal.80c18ad92c349f09.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La consigna que dominó la jornada —“Cumplan la Ley”— tuvo una potencia institucional imposible de ignorar. No se trató de un privilegio ni de un reclamo corporativo. Fue la exigencia de que el propio Estado respete las normas votadas democráticamente y garantice el funcionamiento de uno de los pocos espacios que todavía permiten igualar oportunidades en un país profundamente desigual. La universidad pública argentina no fue ni será un gasto. Es una inversión histórica en conocimiento, desarrollo y futuro. Y cada vez que el ajuste avanza sobre ella, el costo no se mide solamente en pesos: se mide en oportunidades perdidas, en talentos expulsados y en generaciones enteras obligadas a resignar sueños. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.