La Provincia firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dejó en claro que si bien la lucha contra el narcotráfico es de jurisdicción nacional, la Provincia está dispuesta a acompañar y a colaborar. La rúbrica es un acuerdo de cooperación para el establecimiento de protocolos de actuación entre las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad provinciales.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López estuvieron este jueves en Buenos Aires, en donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para tratar diversos temas relacionados al combate del narcotráfico y del crimen organizado.

En primera instancia, junto a la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se llevó a cabo la firma de un convenio marco de cooperación para el establecimiento de protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Federales y la provincia de Córdoba.

El objetivo de esta iniciativa es la complementación y el perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.

Córdoba, territorio hostil al narcotráfico y al crimen organizado

as reuniones entre los ministros provinciales y sus pares nacionales se dan en el marco de la decisión del Gobernador Martín Llaryora de reforzar las políticas de combate contra la inseguridad, el narcotráfico y las organizaciones delictivas.

Además de la sanción de la nueva Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 10.954, el Gobernador anunció el refuerzo con mayores recursos y personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, e instruyó a los ministros de las áreas Seguridad y Justicia para que realicen las gestiones necesarias ante las jurisdicciones nacionales a los fines de establecer mecanismos de cooperación que redunden en un combate más eficiente y efectivo de esta problemática.