Las nuevas disposiciones establecen que hasta el 31 de marzo de 2022 quedan suspendidas todas las ejecuciones judiciales sobre los inmuebles de entidades civiles y deportivas “cuya objeto social fuera la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias”.
El legislador Miguel Ángel Majul, además de explicar los antecedentes que en 2011 dieron origen a la normativa, también fundamentó la decisión de la prórroga en la importante “función social” que estas entidades y clubes “desempeñan en una comunidad determinada, comunidad que les ha dado origen y las vio nacer”.
Así, el legislador aseguró que en su mayoría estas asociaciones o clubes comparten determinadas características: “Por un lado tienen escasos o muy limitados recursos genuinos”. Y agregó: “Por otra parte suelen ser propietarios de bienes inmuebles que tienen importantes valores de mercado, bienes que obviamente que son utilizados para sus distintas actividades y no generan renta alguna”.
“En este escenario, las entidades de referencia son objeto de reclamo de índole judicial por importantes montos imposibles de afrontar con sus ingresos corrientes que ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las entidades, el rol que éstas desarrollan en la comunidad”, finalizó el presidente de la Comisión de Deportes y Recreación.
De igual forma, los legisladores Alberto Ambrosio y Gerardo Grosso, así como la legisladora Marisa Carrillo expresaron su acompañamiento resaltando la “necesidad de preservar el patrimonio de estas instituciones”, y expresaron consideraciones para trabajar en una solución integral para estas entidades.
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