Diferencias en el modo de gestión y gastos de representación de funcionarios del Ejecutivo Municipal se han transformado en el eje de las diferencias entre el intendente Eduardo Martín y el presidente del Concejo Deliberante, Estanislao Eraso, que vienen generando una crisis institucional entre poderes Ejecutivo y Legislativo que también tiene connotaciones políticas entre el mandatario municipal que quiere repetir y el concejal que tiene pretensiones de ir por la intendencia de la ciudad.
Este escenario, los desencuentros entre ambos han llegado a un punto de antagonismos profundos e irreconciliables y promete una campaña durísima y de artillería pesada, que ya se viene observando en los planteamientos y pedidos de informe de un Concejo Deliberante que se partió y pareciera que no le va a hacer fácil el camino de acá a las próximas elecciones a las pretensiones del Ejecutivo.
El argumento que fundamenta la posición de Eraso y parte del Concejo es “la falta de transparencia de la gestión Martín” y que han originado un fuerte embate puesto de manifiesto con pedidos de informe cuya respuesta desde el Ejecutivo no han satisfecho para evacuar dudas en la gestión municipal. “ Se han hecho dueños de toda la información” expresó el presidente del Concejo, acusando a la gestión de “poco transparente y que ha provocado un detrimento institucional en Santa Rosa”.
En este sentido, la publicación del decreto 31/26 que hace referencia a los “gastos de representación de funcionarios municipales” por un monto de 17 millones de pesos generó un nuevo disparador que remarca la profunda crisis interna y una relación rota, debido a que desde el órgano legislativo se buscó “poner un límite” a los mismos con un tope del 30 por ciento mensual que fue aprobado por mayoría, por considerar excesivo el importe mencionado, sosteniendo que estos gastos de representación es una suerte de “blanqueo” de acuerdo a los dichos de Eraso de estos gastos para incrementar los sueldos de los funcionarios. La respuesta del intendente se evidenció con el veto de la ordenanza, una medida inédita desde la llegada de la democracia y que obliga a que la misma vuelva al Concejo para un nuevo tratamiento.
Los fundamentos enarbolados por Tata Martín se refieren a la naturaleza jurídica y percepciones de los gastos de representación, que es una asignación no remunerada y cuya percepción tiene por finalidad compensar el mayor costo que el ejercicio de la función pública impone a los funcionarios municipales, defendiendo una decisión que considera justa y acertada que garantiza la operatividad de la función estatal.