A más de 30 años de las explosiones de la Fábrica Militar, apenas una pequeña parte de los damnificados ha recibido la indemnización acordada con el Estado nacional. La demora reabre el debate sobre los límites de una justicia que llega demasiado tarde.
Treinta años. Tres décadas. Una vida entera para muchos de los vecinos de Río Tercero que aún esperan que el Estado cumpla con una promesa básica: reparar el daño causado por uno de los episodios más graves de la historia reciente argentina.
Las explosiones de la Fábrica Militar, ocurridas el 3 de noviembre de 1995, dejaron siete muertos, más de 300 heridos y miles de viviendas y comercios afectados. Con el paso del tiempo, la Justicia determinó que no se trató de un accidente, sino de un atentado destinado a encubrir el faltante de armamento vinculado al tráfico ilegal de armas durante la década de 1990. Aquella conclusión transformó una tragedia local en un caso emblemático de responsabilidad estatal.
Sin embargo, la búsqueda de justicia no terminó con las condenas judiciales. Durante años, miles de damnificados continuaron reclamando una reparación económica por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos. Recién en 2015 se alcanzó un acuerdo con el Estado nacional para avanzar con las indemnizaciones. Pero los pagos comenzaron una década después, en marzo de 2025.
Según informó el abogado Mario Ponce, representante de unos 10.000 riotercerenses afectados por el atentado, hasta el momento apenas unas 280 personas han percibido la compensación correspondiente. Aunque la cifra muestra un avance respecto de meses anteriores, cuando habían cobrado poco más de 230 damnificados, el ritmo continúa siendo insuficiente para quienes llevan tres décadas esperando una respuesta definitiva.
Y allí aparece la pregunta de fondo: ¿puede considerarse plena una reparación que llega treinta años después?
Las indemnizaciones representan mucho más que una suma de dinero. Son el reconocimiento formal de una responsabilidad, la validación del sufrimiento de las víctimas y la confirmación de que el Estado asume las consecuencias de sus actos. Por eso, cada demora administrativa tiene un impacto que va más allá de los números.
Muchos de los afectados envejecieron esperando. Algunos fallecieron sin ver concretado el resarcimiento que les correspondía. Otros debieron atravesar años de trámites, expedientes y promesas incumplidas. Mientras tanto, las secuelas físicas y emocionales siguieron presentes en una comunidad que nunca dejó de reclamar memoria, verdad y justicia.
Es cierto que el inicio de los pagos constituye un paso importante. También es cierto que el contexto económico actual presenta dificultades para cualquier administración pública. Pero ninguna explicación logra ocultar una realidad evidente: cuando una reparación tarda décadas en concretarse, parte de su sentido se diluye.
La historia de Río Tercero demuestra que la perseverancia de una comunidad puede mantener viva una causa durante generaciones. Gracias a esa insistencia hubo investigaciones, condenas y finalmente un proceso de indemnización. Sin embargo, el capítulo no estará cerrado hasta que el último damnificado reciba lo que le corresponde.
Porque la justicia no se mide solamente por las sentencias que se dictan. También se mide por la capacidad de cumplirlas. Y cuando miles de personas siguen esperando una reparación más de treinta años después de una tragedia provocada por el propio Estado, queda claro que la deuda no es solo económica: también es moral e institucional. La verdadera reparación llegará cuando el compromiso asumido deje de ser una promesa pendiente y se convierta, finalmente, en una realidad para todos.